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El gobierno catalán ha aprobado el decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superen en un 10% el índice de referencia en barrios y ciudades con una falta acreditada de vivienda asequible. No obstante, hay excepciones que se escaparán de la regla general, pudiendo incrementar o reducir el precio del alquiler dependiendo del estado de la vivienda o de las zonas comunes.
En algunos casos, podría dispararse el precio del mercado del alquiler en la capital catalana en perjuicio del inquilino.
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